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    2019-01-31
    Vox ha resumido en un documento las condiciones que deben cumplir PP y Ciudadanos para obtener el apoyo del partido verde y conseguir sacar adelante un nuevo gobierno en Andalucía. La formación liderada por Santiago Abascal tiene exigencias de todo tipo: desde reducir el gasto político hasta tomar medidas sobre inmigración, pasando por una serie de rebajas fiscales. La mayoría de ellas, vinculadas con las propiedades inmobiliarias. Estas son sus peticiones en materia de impuestos: 1. Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 2. Reducción del tipo de gravamen al 0,5% (en la actualidad es 1,5%) en los Actos Jurídicos Documentados (AJD); en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP)reducción del tipo impositivo al 5% en las de inmuebles y al 4% en otras transmisiones. 3. El Impuesto del Patrimonio será mantenido solo como instrumento de control, reduciendo al 0% su tipo impositivo. 4. Simplificación de los escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF. Introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos. El tipo máximo, sumado al del tramo nacional, no deberá superar el 45%. 5. Acabar con la duplicidad administrativa que supone la existencia de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria de Andalucía. Menos gasto e inmigración y más apoyo a la familia Entre las propuestas de Vox para la investidura del nuevo presidente de la junta andaluza también está una reducción del gasto político. Por ejemplo, quiere recortar hasta un 75% las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales, así como suprimir las subvenciones a asociaciones y ONGs ideológicas y realizar una auditoría externa e independiente de las cuentas de la Junta. En materia de inmigración, el partido verde también tiene unas cuantas exigencias, algunas especialmente controvertidas. Entre ellas, suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales, expulsar a todos aquellos que no tengan papeles en regla y luchar contra el llamado "turismo sanitario". El documento de la formación también incluye otras medidas como reducir tres de los cuatro canales televisivos públicos andaluces, la reducción de costes y la liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión. En materia educativa,defiende la libertad de educación y el fin de las ideologías en las aulas.  Por otro lado, el partido propone crear una consejería de familia y natalidad, aprobar nuevas ayudas a las familias numerosas, ampliar la red de guarderías, e introducir desgravaciones fiscales según el número de hijos.  CONSULTA EL DOCUMENTO COMPLETO AQUI: https://image.slidesharecdn.com/propuest-voxandalucia-190109083541/95/las-propuestas-de-vox-para-apoyar-el-nuevo-gobierno-en-andaluca-1-638.jpg?cb=1547023016
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    2019-01-31
    Menos gastos y comisiones para el cliente, más exigencia de solvencia La nueva norma incentiva el tipo fijo y el fin del crédito multidivisa La nueva ley hipotecaria entrará en vigor en marzo de 2019 y traerá cambios en las reglas del juego del mercado hipotecario. La normativa traspasa el 87% de los gastos en la conformación del contrato a los bancos, reduce comisiones al cliente y elimina cláusulas abusivas. En contraprestación, las entidades analizarán en profundidad la solvencia del cliente antes de concederle un préstamo. Estos son los grandes cambios que traerá en nuevo año en las hipotecas.     Gastos   Los bancos tendrán que asumir los gastos de gestoría, notaría, tasación de la nota simple y registro de la propiedad. Además, tras el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, también abonarán el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el mayor gasto de la hipoteca que supone entre el 0,5% y 1,5% de la misma, en función de la CCAA. El cliente pagará la tasación de la vivienda, el IVA (inmueble nuevo) o el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (segunda mano). En el caso de que el cliente subrogue el préstamo con una tercera entidad, ésta deberá abonar al primer banco los intereses que le queden por cobrar de los gastos fijos que ha tenido que afrontar. Intereses de demora Los intereses de demora se reducen al interés remunatorio más tres puntos porcentuales, mientras que la actual norma en vigor permite hasta el triple del interés legal del dinero. Ejecución del inmueble En la primera mitad de vida del préstamo, la ley amplía de tres a doce meses el tiempo de impago para que el banco se quede con la vivienda o bien que se haya dejado sin pagar el 3% del capital. En la segunda mitad del crédito, exige 15 meses de impago o el 7% del capital. La normativa no será retroactiva para las hipotecas en las que se haya iniciado un proceso de ejecución por impago. La regulación trata de proteger así a los miles de procesos parados en los tribunales a la espera de que el Tribunal Europeo se pronuncia sobre su abusividad.   La banca espera que la nueva ley hipotecaria aporte seguridad   Amortización Reduce las comisiones por pagar el préstamo por anticipado. En el caso de un crédito a tipo fijo, el cliente pagará un 2% del capital que le queda sin pagar si amortiza durante la primera vida del contrato, y del 1,5%, durante la segunda. En el caso de un préstamo a tipo variable, el usuario abonará una comisión del 0,25% en los tres primeros años, del 0,15% si amortiza en los cinco primeros años y, a partir del sexto año, se eliminan las comisiones. Cambio de tipo La nueva normativa trata de promover la transformación del contrato de tipo variable a fijo con el objetivo de que el cliente gane seguridad (su cuota no sufrirá variaciones anuales con los cambios de tipo) y las entidades bajen el riesgo de impago. Por tanto, se rebaja la comisión a pagar a la entidad por el cambio al 0,15% del capital que falta por pagar del préstamo y sólo durante los tres primeros años. No hay coste si el traspaso es posterior. La comisión actual que aplican las entidades oscila entre el 1 y el 3%, en función del banco. Multidivisa La ley incentiva el cambio de una hipoteca multidivisa a la moneda nacional del cliente o en la que cobre sus ingresos sin coste alguno.   Los clientes, a por las hipotecas a tipo fijo: doblan su volumen en solo dos años   Seguros vinculados La ley prohíbe expresamente los productos vinculados, como los seguros de vida u hogar, en las hipotecas. Los bancos tendrán la obligación de mostrar al cliente el coste total de su préstamo sin estos productos, aunque también podrá darle un segundo presupuesto con ellos. Sin embargo, el prestatario podrá adquirir con libertad los seguros con una tercera entidad sin que esta opción suponga un encarecimiento del préstamo hipotecario para el consumidor. Comisión de apertura Se da libertad a los bancos para imponerla. No obstante, la ley remarca que si se pactase una comisión de apertura, la misma se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo. En el caso de créditos denominados en divisas, la comisión de apertura incluirá, asimismo, cualquier comisión por cambio de moneda. Solvencia del cliente Los bancos endurecerán los requisitos de solvencia del cliente. La norma exige una evaluación profunda para que la entidad conozca los riesgos del futuro prestatario y le ofrezca una hipoteca adecuada. Se examinará la situación de empleo, los ingresos actuales, los previsibles a lo largo de la vida del préstamo y los que se percibirán en la jubilación si la hipoteca se extienda a esta etapa. Las entidades también deberán conocer los activos que tiene el consumidor en propiedad, el ahorro, los gastos fijos y otros compromisos ya asumidos. Dación en pago La regulación no obliga a la banca a realizarla. No obstante, da libertad a las partes para establecer la dación en pago (es decir, cuando la entidad da por saldada la deuda con la entrega de la vivienda) en los contratos hipotecarios de mutuo acuerdo.
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    2019-01-25
    Considera, además, que la comisión de apertura que se incluye en las hipotecas no es abusiva El impuesto AJD lo siguen pagando los bancos, aunque el Supremo cree que le corresponde al cliente El Tribunal Supremo ha determinado este jueves cómo se deben repartir los gastos de apertura de una hipoteca sobre los que no se había pronunciado de forma específica hasta el momento: arancel notarial, arancel registral y gastos de gestoría, que se deberán repartir entre bancos y consumidores, dependiendo de quién se beneficie cada uno. Además, el Alto Tribunal ha analizado la comisión de apertura y considera que la cláusula que, en un préstamo hipotecario, la establece no es abusiva. Por este motivo dictamina que solo debe ser controlada a nivel de transparencia ya que "no es ajena al precio del préstamo". El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, además, insiste en que considera que el cliente es el que debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en todas las hipotecas firmadas antes de que estuviera en vigor el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno. Todas estas cuestiones las trata el Supremo en cinco sentencias, en las que obliga a las entidades -en concreto a Liberbank y Santander- a devolver "las cantidades abonadas en exceso como resultado de la aplicación de la cláusula anulada, con sus intereses legales desde la fecha de los respectivos pagos". El fallo del Tribunal Supremo fija una jurisprudencia que es diferente a lo que recoge la nueva Ley Hipotecaria, pendiente de su aprobación definitiva en las Cortes. Esta determina que todos los gastos relacionados con la concesión del crédito, salvo la tasación, los pague el banco. Mientras no entre en vigor, los gastos de una hipoteca se repartirán de la siguiente forma. Gastos de notaría En una nota informativa, el Supremo determina que casi todos los gastos de notaría se tengan que pagar a medias. En concreto, el Alto Tribunal sentencia que será así en el caso de los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario y cuando se escriture una modificación del crédito. La escritura de cancelación de la hipoteca, sin embargo, la debe pagar el consumidor. El Supremo considera que el interesado en este punto es el cliente, motivo este por el que le corresponde abonar este gasto. Las copias de las diferentes escrituras notariales deberán pagarlas aquellos que las soliciten. Gastos de registro El Supremo aplica aquí el mismo razonamiento que en el punto anterior: los gastos se deben abonar dependiendo de quién se beneficia más por ello. La garantía hipotecaria se inscribe a favor de la entidad financiera. Ese es el motivo por el que los gastos ocasionados por la inscripción de la hipoteca los debe pagar el banco prestamista. En cambio, la inscripción de la escritura de cancelación interesa al cliente, según el Supremo, motivo por el que es el consumidor el que debe responder de este gasto. Gastos de gestoría Los gastos de gestoría, por su parte, deberán abonarse a medias en cualquier caso. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) El Supremo entiende que debe pagar el cliente el impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD). Sin embargo, desde el 9 de noviembre lo tienen que abonar los bancos tras el decreto del Gobierno. Este apartado supone, aproximadamente, el 75% de los gastos de una hipoteca.
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    2019-01-21
    En países como Reino Unido, Alemania y, sobre todo, en los nórdicos, las casas prefabricadas están cada vez más (valga la expresión) asentadas, favorecidas por una de sus ventajas, la de menor tiempo de construcción, en climas más extremos que el nuestro. También llamadas industriales, abarcan un amplio surtido de soluciones, desde las grandes instalaciones de hormigón o acero («steel framing»), a las de madera o las móviles, pasando por las construidas a partir de contenedores, sea para uso unifamiliar, residencial, para oficinas, edificios públicos, etc. Como señala Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, esta modalidad de construcción debe estar sujeta, por supuesto, a normativa: «Salvo aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan carácter residencial ni público, el resto deben satisfacer los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad definidos en la Ley de ordenación de la edificación. El código técnico establece las exigencias de calidad que han de cumplir las edificaciones para satisfacer los requisitos básicos». Si se habla de seguridad, aspectos como el cumplimiento del Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio (Instrucción de hormigón estructural, EHE-08), para asegurar que el proyecto, ejecución y supervisión de las estructuras garanticen la seguridad, son fundamentales en el caso de la construcción con hormigón. Y de toma de tierra y pararrayos en el caso del hierro y acero, además del ajuste a normativa en la actuación de «cota cero» hacia abajo. En el caso de España, se encuentra en la rampa de lanzamiento: no hay mercado de segunda mano desarrollado y no aparecen, de momento, inscritas como tales en el Registro de la Propiedad (desde esta institución señalan que pueden inscribirse si quieren los interesados y, obligatoriamente, si se compran con una hipoteca). En todo caso, Guillermo Martínez, director de operaciones de Neoblock (grupo Bauen), destaca cómo sus viviendas cumplen la normativa: «Igual que las convencionales: Ley de Ordenación de la Edificicación, código técnico, normativas municipales, licencia de obra, etc». Martínez destaca las ventajas de este tipo de construcción (creada en su mayor parte en una enorme nave industrial): «Este tipo de trabajo, que se termina de implantar en obra, supone un considerable ahorro en costes indirectos, desplazamientos, dietas, gastos generales, etc, y cumple con los protocolos requeridos en fabricación, de control de calidad, de seguridad…». Un proceso que, ante todo, supone un ahorro en tiempo y mayores posibilidades de personalización. «Una obra -señala Martínez- que duraría 18 meses la hacemos en ocho, incluso menos, con esta modalidad, a un precio medio por metro cuadrado de 900-1200 euros, más alto cuanto mejor sea la calidad». En cuanto a la sostenibilidad, se reafirma como una de las ventajas principales de esta modalidad. En opinión de Javier Méndez, que destaca cómo los edificios deben ser cada vez más fieles al espíritu «construir para durar»: «Uno de los objetivos estratégicos de la ruta europea hacia el 2030 es prevenir y reducir los impactos del cambio climático, por lo que la aportación que puede repercutir en el sector desde la industrialización del mismo es considerable. También permitirá mejorar la eficiencia en recursos y la especialización de la mano de obra, además de apuntalar la economía circular en sistemas y materiales que consuman menos recursos naturales y minimicen la producción de residuos». Menos tiempo de obra, menor impacto en el terreno. Antonio Sánchez, gerente de Custom Home, especializada en construcción a partir de contenedores marítimos, también subraya esta apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad: «En construcción tradicional no se alcanzan certificaciones energéticas a un precio razonable, mientras que las construcciones como las nuestras parten de una certificación B (la primera es la A)». El reciclaje de contenedores para convertirlos en viviendas o edificios marca una menor huella contaminante en una variable de esta forma de construcción que, en casos como Inglaterra (con «Container City»), Holanda («Keetwonen», un complejo universitario de 1.000 apartamentos) o Suecia, se han consolidado como soluciones prácticas de vivienda accesible económicamente y que responda a las necesidades que conlleva la movilidad laboral. En el caso de los contenedores, en Custom Home trabajan a partir de piezas de 20 y 40 pies «que, juntas, pueden oscilar entre los 16 m2 -comenta Sánchez- y los 7.600 de un edificio de seis plantas, a un coste de 575 euros/ m2 en planta baja y 650 euros en dos o más alturas». Otra de las ventajas es su reacción antisísmica o ante movimientos del terreno, ya que se inclinaría, pero no partiría. Una solución de habitabilidad que, aunque no ha entrado aún en el circuito de las agencias inmobiliarias, tiene aplicaciones con recorrido, como subraya Ramón Riera, presidente de la asociación de profesionales inmobiliarios Fiabci: «Por ejemplo, en Barcelona existen 18 millones de metros cuadrados libres para las denominadas remontas, en casos en los que la normativa concedía mayor construcción en altura, un aspecto en el que se podría tener en cuenta este tipo de edificaciones». Y promotoras del tamaño de Aedas Homes ya cuentan con seis promociones y más de 100 viviendas de este tipo de construcción en la Comunidad de Madrid. Nuevos tiempos para una práctica forma de construir.
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